Por: Arturo Paz, Reportero de Nuevo México Plural
La detención de Ernesto Ruffo Appel (exgobernador de Baja California y figura histórica del PAN) el 16 de julio de 2026 por delincuencia organizada y contrabando de combustible (“huachicol fiscal”) generó reacciones divididas en la Cámara de Diputados y el Senado, durante la sesión permanente del Congreso.
Cámara de Diputados
- PAN y bancadas de oposición: Legisladores como Rocío González Alonso y Genoveva Huerta acusaron uso faccioso de la justicia y persecución política, calificando la medida de “distractor” frente al escándalo de audios de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Exigieron respeto al debido proceso, presunción de inocencia y criticaron la “justicia selectiva”, pues dicen que no hay avances contra otros funcionarios con señalamientos similares.
- Morena y aliados: Respaldaron la actuación de la FGR bajo el principio “nadie está por encima de la ley”. Destacaron que se trata de una investigación de meses y que la orden provino de un juez, no de una decisión política.
Senado
- PAN: Reiteró confianza en que Ruffo aclare los hechos, pero cuestionó la inmediatez de la detención frente a casos sin avance contra funcionarios de Morena. Exigieron imparcialidad y transparencia en las pruebas.
- Morena: El senador Antonino Morales anunció que presentará un punto de acuerdo para investigar si recursos de esa red ilícita financiaron al PAN y a Somos México. El senador Javier Corral expresó sorpresa y dijo considerar a Ruffo una persona honesta, aunque desconocía la investigación; pidió que se hagan públicas las pruebas y advirtió que sin elementos sólidos se dañaría la credibilidad institucional.
- Somos México: Se sumó a la exigencia de liberación inmediata y acusó a la FGR de aplicar la ley de manera desigual.
Puntos comunes en el debate
Se resaltó que la orden de aprehensión fue emitida por un juez federal, a solicitud de la FGR, en una investigación sobre la empresa Ingemar —vinculada a Ruffo— y un gran decomiso de combustible en Coahuila en 2025.
La oposición insiste en que el momento es político; el oficialismo afirma que se trata de aplicar la ley sin distinción.
